Opinión: Un año de la sentencia pionera de As Conchas: la ciudadanía reclama su cumplimiento

Se cumple un año desde que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictara, el 11 de julio de 2025, una sentencia histórica sobre la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia, en Ourense. El tribunal concluyó que la inacción de las administraciones frente a la degradación ambiental vulnera derechos fundamentales de la población, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física, a la vida privada, al domicilio, a la propiedad y al agua.

En febrero de 2026, el Tribunal Supremo inadmitió los recursos de casación presentados por los demandados (la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil), dejando la sentencia firme y ejecutable. Esta decisión sentó un precedente pionero: la protección de los derechos fundamentales debe prevalecer cuando los impactos de la ganadería industrial ponen en riesgo la vida de las personas, la salud y el medio ambiente.

Coincidiendo con el primer aniversario de esta resolución, Amigas de la Tierra, ClientEarth y CECU han publicado una tribuna conjunta en el diario El País en la que recuerdan el alcance histórico del caso y reclaman la ejecución efectiva de la sentencia. Las tres organizaciones subrayan que el reconocimiento judicial de los derechos fundamentales de la población afectada debe traducirse ahora en medidas concretas para restaurar el embalse y garantizar la protección de las comunidades locales.

La tribuna Un año de la sentencia histórica de As Conchas puede leerse aquí.

Es la primera resolución en Europa que analiza el impacto de la ganadería industrial sobre los recursos hídricos desde la óptica de los derechos fundamentales, apoyándose en la Constitución Española y en la legislación europea de derechos humanos.

Temor a un nuevo brote de toxicidad

Pese a que la resolución judicial obligaba a las autoridades competentes a adoptar medidas efectivas e inmediatas para frenar la degradación del embalse, garantizar el cese de los olores y asegurar el abastecimiento de agua potable libre de sustancias químicas, su ejecución completa sigue pendiente.

Doce meses después de la sentencia del TSXG, la ejecución de la misma sigue sin completarse y preocupa a la ciudadanía de la zona, que teme que, con las altas temperaturas, se desencadene un nuevo brote de toxicidad en las aguas. Tras la resolución, la responsabilidad recae ahora en las administraciones condenadas, que son quienes cuentan con las competencias y los medios necesarios para ejecutar las actuaciones requeridas. El foco de las organizaciones que apoyan el caso está en el cumplimiento efectivo de la sentencia, no en el debate sobre las competencias de cada administración.

Un precedente más allá de lo local

El caso de As Conchas demuestra que la contaminación del entorno es una cuestión de derechos fundamentales, y que es responsabilidad de las administraciones prevenir, actuar y garantizar la protección efectiva de la ciudadanía. Su alcance va más allá de lo local: representa una inspiración para las comunidades afectadas por la ganadería industrial en toda Europa y un mensaje inequívoco a las administraciones para que cumplan con su obligación de proteger los derechos humanos y el medio ambiente.

Voces del caso

Mercedes Álvarez de León, demandante en el caso, señaló tras la confirmación del Supremo: “Por mucho que lo intenten, está claro que tendrán que acatar la sentencia y devolvernos un medio ambiente limpio. Queremos que otras personas y movimientos vean nuestra victoria como una luz de esperanza, que luchen y que nunca se rindan, porque, aunque las batallas parezcan perdidas, ahora vemos que es posible ganarlas.”

Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos y demandante, subrayó: “Tras años de lucha para defender nuestro embalse, el Tribunal Supremo deja claro que las administraciones deben velar por los derechos humanos. Esta decisión refuerza que los derechos fundamentales van primero. Primero la salud. Primero el agua limpia. Primero una vida digna en nuestros pueblos.”

Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra, afirmó: “Es el momento de que las administraciones velen por los derechos fundamentales de su población y restauren el embalse de As Conchas. Esperamos que esta sentencia infunda esperanza a muchas comunidades en situaciones similares: nuestra salud y la naturaleza están por encima de los intereses de unos pocos.”

Desde ClientEarth, Nieves Noval, líder de equipo de sistemas alimentarios, recordó: “Los derechos fundamentales de las habitantes de As Conchas quedan confirmados y deben hacerse efectivos sin demora. La Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil deben proceder a ejecutar la sentencia para que estos derechos se traduzcan por fin en una vida digna para las comunidades afectadas.”

David Sánchez, director de CECU, insistió: “Exigimos que la sentencia se ejecute sin más dilaciones. Es urgente restaurar la zona y que la población pueda disfrutar de su derecho al agua. Esperamos que marque un precedente para que en ninguna otra zona sufran la situación de las vecinas de As Conchas.”

Cronología del caso

• 11 de julio de 2025. El TSXG dicta una sentencia histórica en el caso de la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia (A Limia, Ourense), al concluir que las autoridades estatales y autonómicas vulneran los derechos fundamentales de los residentes al no actuar frente a la contaminación de cientos de explotaciones porcinas y avícolas.

• Agosto de 2025. La Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil presentan recursos de casación ante el Tribunal Supremo para intentar anular la sentencia.

• Febrero de 2026. El Tribunal Supremo inadmite los recursos, confirma la sentencia del TSXG y la deja firme y ejecutable.

• Julio de 2026. Se cumple un año de la sentencia con la ejecución aún pendiente. La responsabilidad de aplicarla recae en las administraciones condenadas.