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20 de mayo 2026
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La iniciativa da continuidad a la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2025, que advirtió que el derecho internacional obliga a los Estados a actuar ya para evitar una catástrofe climática
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado a favor de seguir adelante con la tramitación de una nueva resolución climática anunciada por Vanuatu este mes de mayo de 2026. Con 141 votos a favor, 8 en contra y 28 abstenciones de los 177 países contabilizados, los representantes de los Estados han respaldado esta medida, que busca traducir el derecho internacional en acciones políticas reales.
La resolución surge como seguimiento a la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2025. En aquella ocasión, y en respuesta a una solicitud coordinada por la República de Vanuatu y un grupo promotor de 17 Estados, el tribunal internacional determinó por unanimidad que los países tienen el deber legal de mitigar el cambio climático.
El nuevo texto aprobado en la ONU da continuidad al dictamen de la Corte e insta a los gobiernos a limitar el calentamiento global a 1,5 °C mediante medidas que incluyen la triplicación de la capacidad de energía renovable, el aumento de la eficiencia energética, la eliminación gradual de los combustibles fósiles y el fin de los subsidios ineficientes a este sector.
¿Qué es la iniciativa de Vanuatu ante la CIJ?
La República de Vanuatu, un país insular en el Pacífico Sur, encabezó a un grupo de Estados que instó a la Asamblea General de la ONU a remitir una solicitud a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Dicha solicitud consistía en una ‘opinión consultiva’ para pedir a la CIJ que aclarara cuáles son las obligaciones jurídicas de los países de todo el mundo en materia de acción climática, en virtud del derecho internacional.
La Corte emitió su opinión consultiva en julio de 2025. Su respuesta fue inequívoca: de conformidad con el derecho internacional, los Estados deben actuar ya para evitar una catástrofe climática.
En mayo de 2026, Vanuatu anunció una resolución de la Asamblea General de la ONU como seguimiento a la opinión de la CIJ; a finales de ese mismo mes, una abrumadora mayoría de los representantes de los Estados ante la ONU votó a favor de seguir adelante con su tramitación.
¿Qué es una opinión consultiva?
Una opinión consultiva es una aclaración jurídica sobre cuestiones y puntos de derecho que la CIJ proporciona a la ONU o a uno de sus organismos especializados, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas.
¿Qué opinión consultiva solicitó Vanuatu a la CIJ?
En marzo de 2023, la Asamblea General de la ONU votó a favor de pedir a la CIJ que aclarara las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. En pocas palabras, los Estados querían saber qué estipula exactamente el derecho internacional respecto a lo que se les exige hacer frente a la crisis climática.
El grupo promotor de Estados —integrado por Vanuatu, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Sierra Leona, Angola, Alemania, Mozambique, Liechtenstein, Samoa, los Estados Federados de Micronesia, Bangladesh, Marruecos, Singapur, Uganda, Nueva Zelanda, Vietnam, Rumanía y Portugal— encabezó la redacción de las cuestiones dirigidas a la CIJ.
¿Qué decidió la CIJ?
El miércoles 23 de julio de 2025, la CIJ emitió su opinión consultiva en respuesta a la solicitud de Vanuatu y del resto de Estados.
En una decisión histórica, la Corte confirmó por unanimidad que los Estados deben actuar de inmediato, y que los grandes contaminadores deben intensificar sus esfuerzos para hacer frente al cambio climático en virtud del derecho internacional.
Asimismo, declaró lo siguiente:
Si los gobiernos y los parlamentos no logran frenar la producción y el consumo de combustibles fósiles, aprueban nuevos proyectos y destinan fondos públicos a dichos combustibles, podrían incurrir en una violación del derecho internacional.
Los emisores históricos (es decir, los países que han quemado la mayor cantidad de combustibles fósiles durante más tiempo) tienen una mayor responsabilidad a la hora de abordar la crisis climática y limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
Los países están obligados por el derecho internacional a regular el impacto climático de las empresas y del sector privado.
Un medio ambiente sano es la base de la vida humana y de los derechos humanos protegidos por el derecho internacional.
Existe una posible vía de reparación para que los Estados que sufren las peores consecuencias de la crisis climática exijan responsabilidades a los emisores históricos.
Lea Main-Klingst, abogada de ClientEarth, declaró al respecto:
"La decisión de hoy supone un hito único para toda una generación, para quienes luchamos por la justicia climática.
El máximo tribunal a nivel internacional ha confirmado lo que millones de personas en todo el planeta llevan advirtiendo reiteradamente: el cambio climático amenaza nuestra propia supervivencia, y los Estados grandes emisores pueden y deben rendir cuentas por los daños causados.
Los magistrados también han enviado un mensaje rotundo a los gigantes corporativos y financieros: la era de producir y financiar combustibles fósiles de forma descontrolada ha llegado a su fin".
¿Qué ha sucedido desde entonces?
En mayo de 2026, Vanuatu anunció una resolución de la Asamblea General de la ONU. Esta medida supuso el seguimiento de la histórica opinión de la Corte Internacional de Justicia (según la cual los Estados deben actuar ya para evitar una catástrofe climática) y representó un paso más hacia su aplicación efectiva.
Una resolución formaliza una posición adoptada por la ONU y forma parte del proceso para traducir la opinión jurídica en acciones políticas reales.
Esta resolución reiteró las conclusiones de la CIJ e instó a los países a limitar el calentamiento global a 1,5 °C mediante:
El 20 de mayo de 2026, los representantes de los Estados en la ONU votaron abrumadoramente a favor de seguir adelante con la resolución. De los 177 países contabilizados, 141 votaron a favor, 8 en contra y 28 se abstuvieron.
¿Por qué se emprendió esta acción?
La evidencia científica es clara respecto a cómo la crisis climática ya está perjudicando (y continuará haciéndolo) la vida y el bienestar humanos. A principios de 2023, por ejemplo, Vanuatu se enfrentó a dos ciclones de categoría cuatro en un plazo de 72 horas, un hecho sin precedentes en la historia. Los Estados tienen la obligación de reducir los daños climáticos en virtud de diversas normativas del derecho internacional (como el derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho del Mar), y el incumplimiento de este deber conlleva consecuencias jurídicas.
Esta ha sido la primera vez que la CIJ, el máximo órgano judicial de la ONU, ha tenido la oportunidad de abordar la crisis climática.
¿Cómo funcionó el proceso?
Antes de las audiencias, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, así como las organizaciones intergubernamentales autorizadas, tuvieron la oportunidad de presentar observaciones escritas a la Corte. La primera ronda de dichas observaciones finalizó el 22 de marzo de 2024. Posteriormente, el 15 de agosto de 2024 concluyó el plazo para una segunda ronda.
En diciembre de 2024, se celebraron en La Haya las audiencias relativas a la opinión consultiva. Un número sin precedentes de Estados y organizaciones intergubernamentales comparecieron ante el tribunal; los jueces escucharon de primera mano a los países y comunidades que han estado en la primera línea de la crisis climática durante décadas.
Finalmente, en julio de 2025, la CIJ emitió su opinión.
¿Qué repercusiones tiene esta opinión consultiva favorable en el derecho climático?
La nueva claridad que aporta esta decisión proporciona a los jueces una orientación definitiva que, con toda probabilidad, moldeará los litigios climáticos durante las próximas décadas.
El resultado constituye, además, una poderosa herramienta de incidencia política. Todos y cada uno de nosotros podemos valernos de esta decisión para exigir a nuestros gobiernos y parlamentos que adopten medidas más ambiciosas contra el cambio climático, con el fin de cumplir tanto el Acuerdo de París como otras normativas internacionales aplicables.
Es el momento de que personas de todo el mundo se apropien de esta nueva herramienta y la utilicen, incluso en el marco de las principales negociaciones climáticas, como la COP.
A un nivel más cercano, y con el impulso de esta decisión a su favor, los gobiernos y parlamentos nacionales asumen una responsabilidad aún mayor: implementar planes sólidos y ambiciosos para evitar las peores consecuencias de la crisis climática y proteger nuestros derechos humanos.
¿Cómo participa ClientEarth en este proceso?
Las ONG y las organizaciones de la sociedad civil no pueden presentar observaciones formales a la CIJ. Sin embargo, ClientEarth publicó un informe jurídico sobre las cuestiones planteadas ante la Corte (disponible aquí, en inglés).
En julio de 2024, ClientEarth, CIEL, la organización Pacific Islands Students Fighting Climate Change y la World’s Youth for Climate Justice publicaron un memorando jurídico conjunto. Este documento analiza la relevancia de la opinión consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para los procedimientos de la opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia. El memorando completo puede consultarse aquí.