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ClientEarth

19 de noviembre 2026

Uganda
Africa
Cambio climático

Supervivientes de un deslizamiento de tierra en Uganda acuden a la ONU en un caso que podría sentar un precedente mundial de responsabilidad climática

En diciembre de 2019, Robinah regresaba a pie a su aldea, en el distrito de Bududa (Uganda). Varios días de lluvias inusualmente intensas habían saturado la tierra y, de repente, la ladera cedió. A Robinah la alcanzó un alud de lodo que la arrastró hasta el pie de la colina. Quedó en estado de shock y con heridas en una pierna.

En el deslizamiento murieron 53 personas, la mayoría niños y niñas. Muchos vecinos perdieron a familiares y a miembros muy queridos de la comunidad.

Quienes sobrevivieron tuvieron que empezar de nuevo en muchos sentidos, tras perder sus casas, sus tierras, su ganado y, en algunos casos, los ahorros de toda una vida y documentos esenciales. Años después, la comunidad sigue reclamando justicia.

El 19 de noviembre de 2026, 48 supervivientes, junto con la ONG Greenwatch, con sede en Kampala, presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el apoyo de ClientEarth.

Robinah Nandutu, demandante
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

En 2020, el abogado ambientalista ugandés Bernard Namanya se dirigió a ClientEarth en busca de apoyo para un posible caso en nombre de 48 supervivientes y familiares de personas afectadas por la catástrofe. Los demandantes no tenían recursos para litigar por su cuenta y Namanya no podía representar pro bono a las 48 personas, así que se pidió a ClientEarth que prestara su apoyo para que los supervivientes pudieran reclamar justicia.

Ese mismo año, los supervivientes demandaron al Gobierno de Uganda para pedir sistemas eficaces de gestión de emergencias y catástrofes para su comunidad y la región circundante. Alegaban que, al no actuar ante un riesgo de deslizamientos que ya era conocido, el Gobierno ugandés había vulnerado sus derechos a la vida, a la propiedad y a un medio ambiente limpio y saludable.

Gerald Fungo, presidente del consejo local (LC1) de la aldea de Namasa

Cuando Namanya fue nombrado juez en 2023, pidió a Greenwatch, una destacada ONG ugandesa, que se hiciera cargo del caso. Aunque un juez regional lo desestimó por motivos procesales, los demandantes han seguido reclamando justicia y han solicitado autorización para recurrir.

Llevar la denuncia a la ONU supone un paso importante en una reclamación de justicia que los supervivientes del deslizamiento lideran desde hace años. ClientEarth respalda los esfuerzos locales con apoyo financiero, estratégico y de comunicación, en un proceso encabezado por la comunidad afectada y sus socios locales en Uganda.

Para Greenwatch, la justicia para los demandantes no consiste solo en ganar en los tribunales. Se trata de obligar a que las políticas públicas avancen al ritmo de un clima cambiante y de garantizar que las pérdidas y los daños dejen de ser una cuestión secundaria en la gestión de catástrofes.

Samantha Atukunda Kakuru Mwesigwa

Directora Ejecutiva de Greenwatch

Cambio climático e inacción del Gobierno

Los deslizamientos de tierra recurrentes son una amenaza permanente en las zonas montañosas del este de Uganda, pero se han agravado con el tiempo a causa del cambio climático: el aumento de las lluvias y los fenómenos meteorológicos más extremos desestabilizan las laderas.

Para hacer frente a esta amenaza creciente, el Gobierno ugandés publicó en 2010 un plan de reasentamiento para la población de las zonas con alto riesgo de deslizamientos. El plan preveía reasentar en un plazo de diez años a todas las personas en riesgo. Sin embargo, hasta ahora solo se ha reubicado a un número limitado de personas, mientras la región sigue sufriendo deslizamientos graves que se han cobrado vidas y han destrozado familias. Algunas de las personas reubicadas se han visto obligadas a regresar por las deficientes condiciones de las viviendas facilitadas.

Más recientemente se ha anunciado un nuevo plan. En octubre de 2026, la primera ministra de Uganda, Robinah Nabbanja, presentó un plan de reasentamiento que abarca el distrito de Bududa y otras zonas propensas a deslizamientos. El Gobierno dio a los residentes de las zonas de alto riesgo solo dos meses para abandonarlas, bajo riesgo de desalojo forzoso.

Los demandantes, sin embargo, señalan que un programa de reubicación adecuado exige consultar a las comunidades afectadas. Les preocupa recibir una indemnización justa, salvaguardar sus derechos sobre las tierras ancestrales y recuperar de forma real sus medios de vida.

Reunión de los demandantes

¿Qué piden los demandantes?

La denuncia ante el Comité sostiene que las comunidades cuyas vidas y hogares afrontan amenazas climáticas conocidas y previsibles tienen derecho a una protección efectiva. También plantea su preocupación por las largas demoras que han sufrido los supervivientes para obtener reparación en los tribunales nacionales. Los demandantes piden:

Indemnización

Los supervivientes reclaman una indemnización por las pérdidas y los daños sufridos, como la muerte de seres queridos, la destrucción de bienes y la pérdida de ganado, que es fundamental para sus medios de vida.

Adaptación al cambio climático

Los demandantes quieren que se pongan en marcha medidas eficaces de adaptación al cambio climático en la región.

Reconocimiento

El grupo pide que se reconozca que se han vulnerado sus derechos fundamentales. No solo sería una victoria para los demandantes: sentaría también un precedente para las comunidades de la región, y de fuera de ella, sobre su derecho a estar protegidas frente a los impactos del cambio climático.

Acudo a los tribunales para ayudarme a mí mismo y a todas las personas que viven en esta ladera, porque el Gobierno no ha venido a ayudarnos de ninguna manera como víctimas.
Butsiba Julius, Demandante

Responsabilidad climática

"Las catástrofes como la de Bududa no hacen más que agravarse a causa del cambio climático", afirma Vesselina Newman, abogada de ClientEarth.

En sus propias políticas, el Gobierno ha reconocido que prevé que el cambio climático contribuya a un aumento de las lluvias y de los fenómenos meteorológicos extremos, lo que probablemente agravará los deslizamientos en el país. Uganda ha asumido además compromisos nacionales e internacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros a través de su Política Nacional de Cambio Climático y de la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de París.

Aun así, la contribución de Uganda a la crisis climática es ínfima en comparación con la de los países más emisores. Esto significa que comunidades como las de Bududa sufren algunas de las peores consecuencias de una crisis que apenas han contribuido a causar.

El Gobierno ugandés tiene la obligación de proteger los derechos y la seguridad de quienes viven allí, y eso incluye buscar ayuda financiera exterior para prepararse ante los riesgos climáticos y adaptarse a ellos. Pero para ello hace falta el apoyo financiero de los países de renta alta, que son los que más han contribuido a la crisis climática y los que disponen de más recursos para responder.

De este modo, la denuncia ante el Comité podría sentar un precedente importante para las comunidades de todo el mundo que afrontan catástrofes similares intensificadas por el cambio climático. El caso podría contribuir a reforzar las medidas de protección y adaptación para las personas que viven en primera línea de la crisis climática y, al mismo tiempo, presionar a los países de renta alta para que presten ayuda financiera a comunidades como Bududa, de modo que puedan dotarse de medidas adecuadas de gestión de emergencias.

"Los países de renta alta deben prestar ayuda financiera y garantizar que llegue dinero suficiente directamente a países como Uganda, para que puedan desplegar medidas de adaptación que salvan vidas", afirma Newman.

¿Cuál es el papel de ClientEarth?

Este caso lo lideran los propios supervivientes y sus representantes ugandeses de Greenwatch. Los supervivientes siguen al frente de la toma de decisiones, porque son sus experiencias y sus demandas las que impulsan el caso.

Nuestro papel consiste en prestar apoyo allí donde se nos solicita y en acompañar a los demandantes en su búsqueda de justicia, sin olvidar que países como Uganda también necesitan más apoyo financiero de los países de renta alta para aplicar las medidas de adaptación necesarias para proteger a la población.