El Tribunal de Cuentas Europeo critica con dureza a los responsables políticos de la UE por sus fallos en la protección marina

Un nuevo y demoledor informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) pone de manifiesto una serie de fallos en la protección de las áreas marinas protegidas (AMP) de la UE, que deberían ser la joya de la corona de los océanos europeos. El informe, que constata que solo el 1% de las aguas marinas de la UE goza de protección estricta, se publica en plena COP17 (COP de la biodiversidad). En esa cumbre, los líderes de la UE insisten en la urgencia de avanzar en el objetivo 30x30: proteger el 30% del océano de aquí a 2030.

Las organizaciones ambientales denuncian la contradicción de que la UE, mientras defiende una mayor protección en la escena internacional, no aplique en sus propias aguas la protección que reclama fuera.

La MPA Legal Coalition es una alianza de organizaciones ambientales que impulsa un conjunto de acciones legales para defender las áreas marinas protegidas. La integran ClientEarth, Blue Marine Foundation, Environmental Justice Foundation, Oceana y Seas At Risk. Juntas, advierten de que está en juego la credibilidad internacional de Europa:

"Nuestros océanos atraviesan un declive aterrador. Podemos tener todos los compromisos del mundo para protegerlos y restaurarlos, pero no significan nada si esa protección solo existe sobre el papel. Pese a los numerosos compromisos asumidos por los líderes de la UE en los últimos años, el informe del TCE muestra una brecha cada vez mayor entre la retórica y la realidad en el mar. En Europa, la solución está clara: tenemos que aplicar y hacer cumplir las leyes que ya existen".

El TCE es el auditor externo independiente de la Unión Europea y el garante de sus finanzas. Entre las principales conclusiones de su informe destacan:

• En 2023, solo el 13,7 % de las aguas de la UE contaba con algún nivel de protección, y solo el 1% con protección estricta. Los objetivos 30x30 (un 30% de superficie protegida y un 10% bajo protección estricta) probablemente no se alcanzarán.
• La pesca, y en particular el arrastre de fondo, sigue siendo la principal amenaza para las áreas protegidas. La actividad pesquera es, de media, un 72% mayor dentro de las áreas marinas protegidas de la red Natura 2000 que fuera de ellas.
• La financiación está fragmentada y es insuficiente para garantizar la gestión, el seguimiento y el control a largo plazo.

El informe llega justo después de la reunión del 23 de octubre en la que la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, consultó a las partes interesadas sobre la 'prueba de resistencia' de las Directivas de Aves y Hábitats que la Comisión lleva a cabo en 2026. Este proceso ha despertado el temor a que se debiliten unas leyes fundamentales para la protección de los mares, los bosques, los ríos y otros ecosistemas de la UE. Más de 1,25 millones de personas de toda la UE han pedido que se defiendan las leyes de protección de la naturaleza en una petición entregada el 23 de octubre. El informe del TCE deja claro que las Directivas son la 'piedra angular' de la legislación europea sobre naturaleza. También subraya que los Estados miembros deben centrarse en aplicar y hacer cumplir las leyes existentes.

Pese a su condición de espacios protegidos, muchas áreas marinas protegidas de toda Europa siguen abiertas a prácticas pesqueras destructivas como el arrastre de fondo. La Coalición quiere cerrar esa 'brecha de aplicación' en el océano mediante litigios estratégicos en toda Europa. En mayo de 2026, el Tribunal de Distrito de La Haya dictaminó que los arrastreros neerlandeses no podían faenar en el espacio Natura 2000 del Banco Dogger sin permiso y sin evaluación ambiental. En junio, el Tribunal Administrativo de Ruan (Francia) ordenó reforzar la protección de los hábitats de los fondos marinos en la franja costera de tres millas náuticas del espacio Natura 2000 Bancs des Flandres. En España, miembros de la Coalición recurren también la concesión continuada de autorizaciones de pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas sin evaluación ambiental previa.

La MPA Legal Coalition pide a la Comisión que abra procedimientos de infracción contra los países de la UE que siguen permitiendo actividades destructivas en las áreas marinas protegidas de la red Natura 2000. Pide también que el próximo presupuesto de la UE reserve una financiación específica y suficiente para la red marina Natura 2000. Además, la Comisión debería aprovechar la futura Ley Europea del Océano para fijar responsabilidades claras, obligaciones exigibles y mecanismos sólidos de seguimiento y rendición de cuentas. Esos mecanismos deben garantizar el cumplimiento de los compromisos de protección marina de la UE, entre ellos proteger el 30 % de sus mares de aquí a 2030, y reforzar la consecución del buen estado medioambiental que exige la Directiva marco sobre la estrategia marina.