Pedimos al Gobierno español que cumpla sus obligaciones frente a la pesca de arrastre en áreas marinas protegidas

El informe 'Espacios protegidos, fondos arrasados', de Oceana, documenta más de 51.000 horas de pesca de arrastre aparente en 2025 en seis áreas marinas protegidas españolas, declaradas en 2014 y aún sin planes de gestión

España autoriza cada año la pesca de arrastre de fondo en sus áreas marinas protegidas sin cumplir las obligaciones que le impone la Directiva Hábitats. Así lo expuso hoy Soledad Gallego, directora de España y Mediterráneo de ClientEarth, en el desayuno de prensa que Oceana celebró en el Ateneo de Madrid para presentar el informe Espacios protegidos, fondos arrasados: el impacto de la pesca de arrastre en áreas marinas protegidas en España

El análisis,  elaborado con datos de Global Fishing Watch, identifica más de 51.000 horas de pesca de arrastre aparente en 2025 en seis espacios marinos de la red Natura 2000, con 205 buques implicados. De esas horas, 3.456 se registraron sobre hábitats vulnerables cartografiados. Según Oceana, estas zonas albergan ecosistemas especialmente sensibles, como arrecifes, cañones submarinos o corales de aguas frías.

Tres obligaciones no se cumplen

Soledad Gallego centró su intervención en tres obligaciones de la Directiva Hábitats que España no cumple actualmente en estas áreas:

• Evaluar antes de autorizar. La directiva exige evaluar las repercusiones de cualquier actividad que pueda afectar a un espacio protegido antes de autorizarla. 
• Aprobar planes de gestión. Los seis espacios se declararon en 2014 y siguen sin planes de gestión aprobados. 
• Evitar el deterioro de los hábitats. Las autoridades deben adoptar medidas que impidan el deterioro de los hábitats y las especies por los que se protegió cada espacio. 

Acciones legales en España y en Europa

Desde 2024, ClientEarth y Oceana recurren ante los tribunales españoles las autorizaciones anuales de arrastre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ambas organizaciones presentaron una primera demanda en octubre de 2024 y una segunda en noviembre de 2025 contra las nuevas autorizaciones, al considerar que se conceden sin evaluar sus efectos sobre los hábitats y las especies que estos espacios deben proteger.

También han llevado también el caso ante la Comisión Europea. En junio de 2025, junto a Seas At Risk y Danmarks Naturfredningsforening, presentaron una queja contra España, Dinamarca y Países Bajos en la que sostienen que permitir el arrastre de fondo en áreas marinas protegidas incumple la Directiva Hábitats, y pidieron a la Comisión que abriera procedimientos de infracción.

ClientEarth y Oceana forman parte, además, de la MPA Legal Coalition, una alianza de organizaciones ambientales europeas que coordina acciones legales similares en Alemania, Dinamarca, Francia, Italia y Países Bajos. En mayo de 2026, el Tribunal de Distrito de La Haya dio la razón a ClientEarth y a otras tres organizaciones y estableció que el arrastre de fondo no puede practicarse sin permiso ni evaluación ambiental en el Dogger Bank neerlandés.