Informe

ClientEarth y Oceana demandan a las autoridades españolas por su inacción ante el grave riesgo de pesca ilegal en África Occidental 

24 de abril de 2025 

Las organizaciones ecologistas ClientEarth y Oceana han emprendido acciones judiciales contra las autoridades españolas por no investigar ni, en su caso, sancionar a barcos de pesca españoles o a empresarios españoles beneficiarios de barcos con banderas de terceros países que desactivan su Sistema de Identificación Automática (AIS) durante periodos prolongados, y por no supervisar eficazmente determinadas operaciones pesqueras de empresas españolas en África Occidental. Las comunidades locales de la región se enfrentan a consecuencias desastrosas derivadas de la reducción de los stocks pesqueros, como riesgos para la seguridad alimentaria, pérdida de empleo y migración forzosa. 

Los buques de propiedad extranjera, incluidos los españoles, representan el 73% de la flota industrial de África Occidental, y preocupa que la falta de control en el mar y en los puertos pueda estar permitiendo la pesca ilegal. 

Un análisis de Global Fishing Watch muestra que varias embarcaciones con bandera española que operan en Senegal y Guinea Bissau parecen desactivar su AIS durante periodos de tiempo significativos, lo que supondría una clara infracción de la normativa pesquera de la Unión Europea (UE). 

Nils Courcy, abogado de ClientEarth, afirma:  

“Lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales públicas de identificación, quedándose “a oscuras” durante periodos tan largos. Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude. Hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen más a fondo estos barcos, pero se han negado a hacerlo. Ahora vamos a acudir a los tribunales para exigir que cumplan sus obligaciones legales". 

Pese a la evidencia de las irregularidades denunciadas, las autoridades españolas alegan que carecen de jurisdicción para investigar y sancionar a sus ciudadanos y empresas potencialmente involucrados en pesca ilegal fuera de las aguas de la UE, a menos que figuren en listados oficiales de buques implicados en actividades de pesca ilegal. Este supuesto vacío legal es al que se acogen las autoridades para eludir el escrutinio a empresas españolas que operan buques sin bandera española, o que faenan bajo banderas de países africanos fuera del control de las organizaciones internacionales.   

Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana en Europa, comenta: 

“La UE prohíbe explícitamente a sus ciudadanos y empresas apoyar la pesca ilegal en cualquier parte del mundo. Si lo hacen, los Estados Miembros deben identificarlos y sancionarlos, independientemente de que estos barcos estén en listas negras oficiales. La legislación española debe acabar con los vacíos legales y exigir responsabilidades a que aquellos que se benefician de la pesca ilegal en cualquier lugar del mundo.” 

La propia UE reconoce el creciente riesgo de pesca ilegal en África Occidental. En mayo de 2024, la Comisión amonestó a Senegal con una “tarjeta amarilla” como muestra de su preocupación por la falta de capacidad del país para prevenir la pesca ilegal. Pero no es solo responsabilidad de Senegal evitar esta práctica: los países europeos también tienen la obligación legal de supervisar sus flotas y operadores que faenan en aguas de terceros países. 

ClientEarth y Oceana han presentado una demanda ante la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de que las autoridades pesqueras españolas se hayan negado a investigar a estos buques de bandera y/o de propiedad españolas que faenan en Senegal y Guinea Bissau.  

Notas editoriales

¿De qué trata este caso? 

  • En 2023, ClientEarth y Oceana presentaron un procedimiento administrativo a las autoridades españolas para instarlas a investigar casos de posible pesca ilegal por parte de buques con bandera y/o propiedad española en Senegal y Guinea-Bissau. La preocupación se originó tras la revisión de datos y de testimonios de entidades locales y comunidades costeras, y del análisis de inteligencia marítima y plataformas de seguimiento de barcos que evidenciaban prácticas irregulares. 

Vacíos legales o restrictiva interpretación de la normativa europea por el Estado español que permiten a los buques operar sin control [oficial, o sin supervisión]  

  • Durante la tramitación del inicial procedimiento administrativo, las organizaciones también descubrieron que las autoridades pesqueras se acogen al discurso de interpretar de manera demasiado restrictiva los requisitos legales de la UE a la hora de investigar y sancionar a personas y empresas españolas potencialmente implicadas en pesca ilegal en terceros países como si existiera un vacío legal. Esto permite que muchos operadores puedan realizar actividades de pesca ilegal sin control efectivo de la Administración española y, en su caso, eludir las correspondientes sanciones. 

Pescando en la oscuridad: lagunas del AIS en la flota española 

  • El Sistema de Identificación Automática (AIS) es una tecnología de seguimiento que se utiliza para controlar públicamente los movimientos de los buques y para prevenir accidentes en el mar.  

  • Las ONG han identificado irregularidades de AIS en 8 buques de bandera española, y diversidad de indicios de posibles actividades ilegales por parte de otros 3 buques con bandera senegalesa, pero de propiedad de ciudadanos españoles entre 2020 y 2023.    

  • Por ejemplo, los datos de AIS de Global Fishing Watch indican que un buque español mantuvo su señal AIS desactivada durante más de un año mientras faenaba frente a la costa de África Occidental entre 2020 y 2023. 

  • Aunque estos datos de geolocalización tienen un margen de error, la naturaleza prolongada y sistemática de estas interrupciones del AIS resulta irregular y suscita serias preocupaciones. Por ello, las ONG se refieren a “indicios” y “presuntas infracciones” e instan a las autoridades españolas a investigar más a fondo antes de iniciar procedimientos sancionadores. Esta falta de transparencia e inacción por parte de las autoridades españolas es problemática y dificulta aún más la evaluación del riesgo de pesca ilegal. 

  • Global Fishing Watch, proveedor de los datos utilizados en este comunicado, es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la gobernanza del océano mediante una mayor transparencia sobre la actividad humana en el mar. Las opiniones expresadas en este comunicado pertenecen a los autores y no están vinculadas, ni cuentan con el patrocinio, respaldo, o reconocimiento oficial por parte de Global Fishing Watch. A través de la creación y difusión pública de visualizaciones cartográficas, datos y herramientas de análisis, Global Fishing Watch busca facilitar la investigación científica y transformar la gobernanza del océano. Los datos públicos de Global Fishing Watch se han utilizado en la elaboración de esta publicación. 

 

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