En alta mar, en el océano abierto, algunos barcos pesqueros son invisibles. Quienes quieren eludir las normas saben que cuanto menos se sepa sobre su actividad, es decir, quién pesca, dónde, cuánto y para quién, más fácil es seguir haciéndolo.
La pesca ilegal es un negocio muy rentable que prospera precisamente en esa opacidad. Sus efectos van mucho más allá del agua: destruye los ecosistemas marinos, empobrece a las economías costeras, y distorsiona los mercados, perjudicando a los pescadores que cumplen las normas, faenan de forma responsable y se esfuerzan por mejorar las condiciones laborales de sus tripulaciones y las prácticas ambientales.
En este sentido, la transparencia es una de las herramientas más útiles para garantizar la salud del océano y a quienes dependen de él. Y ahora, el gobierno de España tiene una oportunidad única de demostrar y afianzar su liderazgo en la lucha contra la pesca ilegal. Nuestro país, a través de sus empresas internacionales, es un líder mundial en el comercio de pescado y marisco.
En octubre de 2025, el Ejecutivo aprobó una reforma de la ley de control pesquero que actualmente se debate en el Congreso. Esta Ley juega un papel decisivo para aumentar la capacidad de las autoridades para detectar y sancionar la pesca ilegal.
Una de las claves está en saber quién se beneficia realmente de la actividad pesquera, es decir quién está detrás de las embarcaciones. En muchas ocasiones, estos buques pertenecen a complejas estructuras corporativas que abarcan varias jurisdicciones. Cuando los propietarios del buque se ocultan entre empresas pantalla e intermediarios, a menudo vinculados a paraísos fiscales, la rendición de cuentas se vuelve imposible.
El desafío no es menor. Según datos recientes, al menos una cuarta parte de los buques propiedad de empresas españolas pescan fuera de la UE y están registrados en terceros países como Senegal, Panamá o Belice. La UE clasifica estos países como de ‘alto riesgo’, ya sea por su vinculación con la pesca ilegal, su estatus de paraíso fiscal o porque no tiene los recursos y la capacidad de controlar su flota. Para estar a la altura de su reputación y responsabilidad como potencia marítima, y garantizar la igualdad de condiciones con las demás embarcaciones españolas, El Estado debe garantizar que se identifique, investigue y sancione a quienes realmente
se benefician de la pesca ilegal, aunque operen bajo banderas de terceros países.
Igualmente, si las infracciones no son disuasorias ni recaen sobre quienes realmente se benefician de la pesca ilegal, incumplir las normas se vuelve un coste asumible. Por desgracia, seguimos viendo cómo para los operadores sin escrúpulos, la pesca ilegal es más rentable que cumplir las reglas del juego. Una política eficaz exige sanciones proporcionadas, disuasorias y aplicadas de manera coherente contra aquellos que se benefician económicamente de la pesca de forma ilícita.
Reforzar la transparencia sobre la propiedad real de los buques, mejorar los sistemas de datos, y
garantizar sanciones disuasorias permitiría al Estado consolidar su liderazgo en este ámbito. No
solo para proteger sus propios recursos pesqueros sino también para reforzar su papel
internacional. Como la mayor potencia pesquera de Europa, con flotas y empresas operando en
todo el mundo, las decisiones del Estado resuenan más allá de sus propias aguas.
Por ello, la ley de control pesquero que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados es
mucho más que una cuestión de política pesquera. Es una forma de reforzar la gobernanza
internacional, proteger el futuro del océano y de quienes viven de él.
Firmantes:
Soledad Gallego, Directora de ClientEarth España y Mediterráneo
Cecilia del Castillo Moro, Coordinadora de medio marino de Ecologistas en Acción
Eva Saldaña Buenache, Directora Ejecutiva de Greenpeace España y Portugal
Vera Coelho, Directora Ejecutiva y Vicepresidenta de Oceana en Europa
Asunción Ruiz, Directora ejecutiva de SEO BirdLife
Juan Carlos del Olmo Castillejos, Secretario General de WWF España
