La Audiencia Nacional pide más información sobre el caso de ClientEarth y Oceana sobre los impactos de la pesca de arrastre en áreas marinas protegidas

El tribunal pide a las organizaciones medioambientales explicar las evidencias del impacto de la pesca de arrastre en áreas marinas protegidas del mar Cantábrico y del golfo de Cádiz

A pesar de las acciones legales en curso, el Gobierno sigue emitiendo autorizaciones de pesca en áreas marinas protegidas, en contra la legislación nacional de conservación

ClientEarth y Oceana han comparecido hoy en la Audiencia Nacional para explicar las evidencias del impacto de la pesca de arrastre sobre hábitats y especies protegidas en el Cantábrico y en el Golfo de Cádiz por petición del magistrado de la sala. Las organizaciones denunciaron al Gobierno español en 2024 y en 2025 por emitir licencias de pesca en áreas marinas protegidas sin medidas de gestión, sin aplicar el principio de precaución, es decir, sin evaluar previamente los impactos sobre hábitats y especies marinas, tal y como exige la ley. Esta comparecencia es parte del procedimiento judicial actualmente en curso.

La pesca de arrastre de fondo dentro de las áreas marinas protegidas supone un serio peligro para los ecosistemas marinos y reduce la capacidad del océano para frenar el cambio climático. Además, compromete el futuro del sector pesquero, ya que estas zonas suelen ser fundamentales para la reproducción y el crecimiento de muchas especies comerciales.

Francesco Maletto, abogado de ClientEarth especializado en conservación marina de ClientEarth ha comentado:

“Este procedimiento evidencia una anomalía grave: se declaran espacios marinos como protegidos mientras se permite en ellos una de las formas de pesca más dañinas. Esta comparecencia ante la Audiencia Nacional evidencia la necesidad de que España justifique, con criterios científicos y evaluaciones de impacto adecuadas, la concesión [continuada] de licencias de pesca de arrastre en áreas marinas protegidas, así como su compatibilidad con las obligaciones de protección marina establecidas en las normativas española y europea”.

Michael Sealey, asesor político de Oceana en Europa, ha comentado:

“España está obligada por ley a velar por sus áreas marinas protegidas, lo cual es contradictorio con permitir la pesca con artes destructivas en su interior. La ciencia demuestra que estos espacios son esenciales para la salud del océano. Además, cuando estas zonas están bien conservadas, generan un efecto desbordamiento, es decir, las poblaciones de peces se recuperan dentro del área protegida y acaban expandiéndose hacia las aguas donde la pesca sí está permitida, beneficiando directamente a la actividad pesquera”.

España se ha comprometido a proteger el 30% de sus aguas para 2030, incluyendo un 10% bajo protección estricta, en línea con las metas internacionales de biodiversidad. Sin embargo, estos objetivos serán inalcanzables sin una gestión pesquera efectiva y mientras la pesca de arrastre continúe permitiéndose en áreas establecidas para proteger hábitats y especies vulnerables.

La Vicepresidenta tercera y Ministra Sara Aagesen anunció en la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos el año pasado, la aprobación de 40 planes de gestión pendientes para junio de 2026. Sin embargo, hasta el momento sólo se han publicado 10 de ellos y sin medidas de gestión pesquera. La colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es clave para cumplir con estos compromisos legales de conservación marina.