Organizaciones de protección de los consumidores, de la salud y medioambientales reclaman justicia para las víctimas de la contaminación en la UE en la crucial votación sobre la DEI

Una coalición de organizaciones europeas que defienden los derechos de las personas frente a la contaminación ha enviado una carta urgente a los eurodiputados para solicitarles que incluyan la protección de las víctimas de la contaminación en la Directiva sobre Emisiones Industriales (DEI).

La DEI regula más de 50.000 instalaciones en toda Europa, como siderurgias, fábricas de productos químicos y plásticos, granjas industriales y plantas de carbón.

Bellinda Bartolucci, abogada de ClientEarth, ha comentado: “La contaminación ilegal llega a los hogares de toda Europa y está provocando que los ciudadanos enfermen. Existen tasas elevadas de cáncer en las inmediaciones de instalaciones contaminantes ilegales, problemas respiratorios generalizados, restos de metales hallados en el cerebro de niños enfermos. Las personas y familias afectadas siguen siendo quienes pagan este precio. Ahora corresponde a los miembros del Parlamento Europeo priorizar la salud de las personas.

"Un derecho de indemnización efectivo resulta una obviedad: en cualquier otro contexto, quien actúa ilegalmente debería pagar por los daños causados. El borrador original de la reforma de la legislación europea sobre emisiones industriales contenía una cláusula innovadora sobre la prueba que habría permitido a los ciudadanos acudir a los tribunales con posibilidades reales de que se hiciese justicia. La actual propuesta constituye el mínimo exigible. Sin una norma efectiva en materia de prueba, el derecho de indemnización queda vacío de contenido y no resulta exigible. Por eso, los eurodiputados deben votar ahora para preservar el compromiso mínimo que se alcanzó en la comisión ENVI".

Durante el proceso de revisión de la DEI, se ha difundido ampliamente información errónea, que ha suscitado temores infundados sobre las consecuencias que tendría para la industria un derecho de indemnización más amplio y en quien recae la responsabilidad sobre la carga de la prueba.

Según Bartolucci: "El texto actual excluye explícitamente una 'inversión de la carga de la prueba', contrariamente a lo que afirma la industria. Unas normas de procedimiento más estrictas no constituyen una novedad en la legislación sobre competencia, protección de datos u otras normas de la UE, y la práctica ha demostrado que ninguna de ellas conduce a reclamaciones excesivas. ¿Por qué habría de protegerse menos la salud?"

En palabras de Christian Schaible, responsable de Industria de Contaminación Cero de la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB, por sus siglas en inglés): "Los miembros del Parlamento Europeo no deben caer en la trampa de dejarse llevar por el miedo. El derecho de indemnización se limita a los efectos sobre la salud humana, causados únicamente por la contaminación ilegal, basándose en hechos que deben ser probados por las víctimas. Las empresas respetuosas con la ley no tienen nada que temer. Las sanciones disponibles además están limitadas.

"La ciudadanía no perdonará ni olvidará a los políticos que votaron en contra de sus intereses, algo que los miembros del parlamento deben tener en cuanta con las elecciones a la vuelta de la esquina".

La DEI regula la contaminación procedente de instalaciones industriales que acaba en el aire, el agua y la tierra. Existen abundantes datos, sobre todo en materia de contaminación atmosférica, en cuanto a los daños que esta contaminación causa cada año a los ciudadanos de la UE y, en consecuencia, a la economía.

Cale Lawlor, Director de Políticas de Salud Pública Mundial de la European Public Health Alliance, ha declarado: "La contaminación atmosférica, que es la exposición ambiental más importante y de mayor impacto a la que se enfrenta la ciudadanía europea, repercute gravemente en la salud de Europa. Ahora tenemos una oportunidad para actuar. Sólo mediante una política ambiciosa centrada en la salud, y a través de la colaboración, la inversión y una legislación sólida, podremos ayudar a prevenir los impactos sanitarios, sociales y de bienestar que la contaminación atmosférica tiene en Europa."

En dicha carta, las organizaciones afirman:

"Cuando la salud de las personas se resiente como consecuencia de actividades industriales ilegales o de la inacción de las autoridades, las víctimas deberían poder acudir a los tribunales y tener una posibilidad real de obtener una indemnización por parte de quienes han infringido la ley y les han causado daño. Hoy en día, esto es casi imposible. Incluso en casos de contaminación ilegal, las personas que sufren problemas de salud se ven abandonadas porque no existen normas eficaces y armonizadas para solicitar una reparación ante los tribunales, como ha confirmado la Comisión Europea".

Bartolucci añadió: "Un derecho de indemnización como éste en la legislación medioambiental sería una novedad, y  supondría otorgar a la salud y la justicia un significado real en la legislación de la UE."

Notas para los editores:

La carta está disponible aquí.

Entre las 22 entidades firmantes se encuentran BEUC, EPHA, EEB, Greenpeace, Water Europe, EurEau y ChemSec.

En este vídeo, Bellinda Bartolucci comenta la necesidad de un derecho de indemnización global en la DEI.

Las peticiones de ClientEarth para la actualización de la DEI pueden leerse aquí.

Artículo de Madalina Popirtaru, abogada de ClientEarth sobre el derecho de indemnización.

El derecho de indemnización – la norma sobre la prueba:

Un derecho de indemnización sólo tiene sentido en la práctica si cuenta con normas claras en materia de prueba. Si una víctima ha presentado hechos suficientes, debe presuponerse que existe un nexo causal entre la violación de la DEI y el daño infringido a la salud, aunque el operador puede refutar esta presunción. Y en los casos en que las pruebas obren exclusivamente en poder de la empresa, ésta debe revelarlas: de lo contrario, es imposible que el tribunal tome una decisión justa. El derecho de indemnización aprobado por la comisión ENVI no implica una inversión de la carga de la prueba.