ClientEarth
24 de abril 2023
El pasado mes de marzo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del gobierno español abrió un proceso de participación pública para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones potencialmente afectados por la Propuesta del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea (UE) de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, en su siglas en inglés).
La CSDDD establece que las empresas deberán llevar a cabo una diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente en línea con las Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales.
Desde ClientEarth hemos respondido a este proceso público y remitido comentarios sobre la CSDDD, ya que consideramos que debe ser más estricta y mejorarse sustancialmente si la UE quiere cumplir sus ambiciones establecidas en el Pacto Verde Europeo.
La actual Propuesta de la Comisión contiene importantes lagunas que podrían permitir que las empresas sigan actuando como hasta ahora e ignoren algunos de los principales impactos medioambientales adversos que causan o a los que contribuyen. El Consejo no abordó estas deficiencias en su Orientación General adoptada en noviembre de 2022 y el Parlamento Europeo aún debe adoptar su posición, que se espera para finales de mayo de 2023.
Para que los requisitos de diligencia debida en materia medioambiental y derechos humanos sean eficaces, consideramos que la CSDDD debe específicamente:
Consideramos que España tiene un papel clave que desempeñar durante su turno de Presidencia en el Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 para impulsar la adopción de una Directiva que sea completa, adecuada y coherente con las otras políticas y legislaciones europeas hacia una economía europea sostenible y climáticamente neutra, en línea con las aspiraciones del Pacto Verde Europeo.
España es líder europeo en diferentes sectores como la ganadería, la agricultura, la pesca, y el textil, sectores que pueden tener importantes impactos ambientales y sociales adversos. España tiene un papel que desempeñar para que las empresas españolas y europeas contribuyan a una economía sostenible. Las relaciones económicas españolas con terceros países hacen aún más relevante su papel a la hora de garantizar que las cadenas de valor de las empresas que operan en el mercado europeo y global estén libres de violaciones de derechos humanos y de impactos ambientales adversos.
La respuesta de ClientEarth a la consulta pública sobre la CSDDD está disponible aquí.