Las empresas necesitan responder urgentemente a los efectos adversos en materia de derechos humanos y ambientales en las cadenas de valor de los productos del mar.
Los sectores de la pesca y la acuicultura sustentan el modo de vida de miles de millones de personas en el mundo, generan empleo y garantizan una fuente vital de alimentos.
No obstante, esto lleva implícito un coste. Los sistemas alimentarios actuales, incluido el sector de los productos del mar, son los motores principales de la crisis climática y de biodiversidad. Estos efectos ambientales interfieren con el disfrute de una amplia variedad de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación y a un medioambiente limpio, saludable y sostenible; y pueden exacerbar desigualdades preexistentes.
Esto se está convirtiendo rápidamente en una cuestión jurídica para las empresas y los inversores comunitarios de productos del mar. La legislación de la UE cada vez exige más a las empresas, los distribuidores e inversores de productos del mar que adopten medidas para limpiar sus cadenas de valor y sus carteras.
La sobreexplotación de los stocks pesqueros y de productos del mar debido a la sobrepesca y a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), unida a las consecuencias del cambio climático, lleva a los buques pesqueros a realizar desplazamientos cada vez más largos para encontrar especies valiosas en términos económicos. Esto obliga a las tripulaciones a permanecer periodos más largos a bordo de los buques, lo que las hace más vulnerables a distintos tipos de abusos de los derechos humanos, tales como la esclavitud moderna, las condiciones laborales precarias, el tráfico ilícito de personas y el trabajo infantil.
Las comunidades costeras del sur global y los grupos especialmente vulnerables y excluidos, como los pueblos indígenas, las mujeres y los pescadores artesanales, también han sufrido de forma desproporcionada las prácticas ambientalmente insostenibles que afectan directamente su sustento y seguridad alimentaria; por ejemplo, cuando las especies que se consumen localmente son objeto de sobreexplotación para alimentar a los peces de piscifactoría de Europa.
El pleno disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, la alimentación y el agua, depende de los servicios que prestan los ecosistemas. La prestación de esos servicios depende de la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas, que a su vez dependen de la diversidad biológica. Por consiguiente, el pleno disfrute de los derechos humanos depende de la diversidad biológica, y la degradación y la pérdida de diversidad biológica socavan la capacidad de las personas para disfrutar de sus derechos humanos.
Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, A/HRC/34/49
En esta Plataforma, analizamos las historias relacionadas con las especies marinas que a menudo vemos en los lineales de los supermercados europeos, incluyendo los españoles, y el impacto de su comercio sobre el medioambiente y las vidas de las comunidades costeras. Nuestro objetivo es amplificar la voz de las comunidades afectadas, mientras destacamos los riesgos tangibles para las empresas e inversores que operan a lo largo de estas cadenas de valor.
Tal y como exige la legislación comunitaria de forma cada vez más frecuente, esperamos que los inversores y las empresas de productos del mar lleven a cabo un proceso de diligencia debida a lo largo de sus cadenas de valor y sus carteras para identificar y responder a los efectos sobre el medioambiente y los derechos humanos.
La industria pesquera y de productos del mar no hace lo suficiente para responder de forma efectiva a los abusos de los derechos humanos y ambientales que se interconectan en sus cadenas de valor. El índice Seafood Stewardship Index 2021 reveló que la mitad de las empresas de productos del mar más influyentes se comprometen poco o nada a proteger los derechos humanos en sus cadenas de valor, mientras que solo ocho empresas cuentan con una política explícita para abordar las condiciones de vida y trabajo a bordo de los buques pesqueros.
A la hora de adquirir productos pesqueros o de financiar actividades de la pesca o la acuicultura, los principales actores del sector de los productos del mar, incluidos empresas, distribuidores e inversores, deberían realizar una investigación exhaustiva –también denominada diligencia debida– acerca de los potenciales efectos negativos generados sobre el medioambiente y los derechos humanos de las comunidades locales a lo largo de la cadena de valor; y deberían poner fin a dichos efectos negativos antes o cuando surjan.
Realizar un proceso efectivo de diligencia debida no solo resulta beneficioso para el medioambiente y las comunidades locales, sino también para las propias empresas, ya que pueden anticipar mejor los riesgos y, por tanto, ser más resilientes. Esto también contribuiría a aumentar la trazabilidad en toda la cadena de valor de los productos del mar, lo que a su vez impulsaría los beneficios mundiales de los productos del mar en un 60%.
Con la aplicación de sistemas de trazabilidad más transparentes y precisos, los consumidores estarán mejor informados cuando compren productos del mar.
Las empresas que no cuentan con políticas factibles en materia de derechos humanos y ambientales se exponen a riesgos considerables que podrían ser críticos para sus negocios. Estos incluyen riesgos normativos, financieros, de litigio y de reputación. Lo mismo sucede con las empresas que no realizan el proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos y ambientales. Estos riesgos a menudo se ocultan tras cadenas de valor complejas y opacas que operan en múltiples países y que pueden influir en las instituciones financieras que proporcionan capital a las empresas que participan en la industria de los productos del mar.
Cada vez hay más legislación nacional y europea sobre transparencia que establecen obligaciones en materia de divulgación obligatoria y diligencia debida para las empresas y sus filiales. Estas leyes regulan el impacto que las cadenas de valor ejercen sobre los derechos humanos y el medioambiente.
© Fabio BuitragoEn Europa, varios países (principalmente Francia, Alemania, Noruega) ya han adoptado legislación corporativa en materia de diligencia debida. En la actualidad se está debatiendo una directiva comunitaria que establece requisitos obligatorios de diligencia debida que se aplicará también a la industria de los productos del mar. Aquí explicamos por qué España tiene un papel clave que desempeñar en la adopción de una Directiva de la UE más completa, en línea con las normas internacionales de diligencia debida y las aspiraciones del Pacto Verde de la UE.
Pronto se exigirá a las empresas, incluidas las empresas de productos del mar, que reporten los efectos que tienen sus actividades sobre las personas y el medioambiente. Lo mismo sucede con los inversores, a los que ya se les exige que den cuenta de los efectos negativos que ejercen en materia de sostenibilidad a nivel de entidad y de productos financieros para garantizar la sostenibilidad social y ambiental de sus inversiones.
Las empresas que no realicen evaluaciones de los riesgos a los derechos humanos y ambientales se enfrentan a riesgos de litigio y reputación. Cada vez hay más precedentes de empresas consideradas responsables del perjuicio ambiental en otras partes del mundo, incluida la pérdida de biodiversidad, y de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las filiales de empresas con sede en Europa. Cada vez más, se exige a las empresas que reduzcan al mínimo sus efectos ambientales y respeten los derechos humanos en los lugares donde operan, de acuerdo con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU y las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales.
Las empresas, los inversores y los distribuidores de productos del mar deben empezar a utilizar todas las herramientas de que disponen para realizar un proceso efectivo de diligencia debida a lo largo de sus cadenas de valor.
